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Así queda el canon digital (y el otro) tras las primeras medidas del nuevo gobierno del PP
Así está el canon hasta hoy mismo:
El canon, mejor dicho la compensación equitativa por copia privada, se recoge en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual.
Es un derecho, conocido como de simple remuneración, que reciben los autores por las copias privadas que realizan los particulares para su uso doméstico, a partir de obras a las que han tenido acceso legítimo (no necesariamente originales).
El canon grava determinados soportes y equipos, de acuerdo al contenido de una disposición transitoria que se introdujo en el año 2006 con la última reforma de la LPI. Posteriormente se dictó una orden ministerial que actualizó y modifcó ese régimen.
Esta orden minsiterial quedó anulada por una sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 24 de marzo de 2011, volviéndose desde ese momento al régimen transitorio señaldo anteriormente.
Además, a pesar de la que ha sido la práctica habitual, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino a ratificar la interpretación, acorde a la ley de 2006, según la cual sólo las personas físicas (paticulares) están obligados al pago del mismo, debiendo quedar al margen de tal pago las empresas y administraciones.
En el segundo consejo de ministros de la actual legislatura, el Gobierno anunció que se procedía a la supresión del canon digital.
En concreto establece una Disposición Adicional Décima con el siguiente contenido.
Décima. Modificación del régimen de compensación equitativa por copia privada.1. Se suprime la compensación equitativa por copia privada, prevista en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, con los límites establecidos en el artículo 31.2 de la misma Ley.2. El Gobierno establecerá reglamentariamente el procedimiento de pago a los perceptores de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.3. La cuantía de la compensación se determinará tomando como base la estimación del perjuicio causado.
Estamos ante una derogación normativa completa, que deja sin contenido todo el artículo 25 de la LPI, que trata exclusivamente de la determinación y asignación del canon, teniendo en cuenta que además se estipula que el Gobierno determinará cuales serán las reglas de reparto, ya que el dinero se abonará directamente de los presupuetos generales del estado.
El problema del canon por lo tanto se ha resuelto de una manera un tanto brusca, dejándo una situación absolutamente caótica, teniendo que modificar precios de productos coincidiendo con fechas complicadas (fin de semana-año nuveo) y en visperas de una época de consumo de equipos que estaban gravados hasta ayer.
Además se queda otra cuestión por el camino, cual es la situación de la copia privada. Los tribunales y el propio texto del artículo 31.2 de la LPI, vinculan la existencia de este derecho/límite a la remuneración a pagar, pero en este momento no existe y tampoco se sabe ni cuando se empezará a abonar ni el importe de la misma, ni porqué medios o soportes, por lo que nos encontramos ante una situación de total inseguridad jurídica.
Ampliar información en: Del derecho y las normas
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Cuando criminalizar es un gran negocio
Cuando en los años 60 del siglo pasado se descubrió que los particulares hacían copias no consentidas por los titulares de los derechos utilizando la tecnología de aquella época (las cintas magnetofónicas y las musicassettes), se tomaron en consideración los siguientes elementos y se diseñó un sistema de compensación ampliamente conocido como «canon»:
- Copia privada: todas las que eran ilícitas realizadas en el ámbito doméstico por los particulares para su uso propio.
- Acreedor del canon: las empresas que se beneficiaban de una mayor venta, esto es, los fabricantes de las cassettes y de los aparatos de grabación.
- Criminalización social: ninguna, puesto que se convalidaban de esta manera todas las copias realizadas por los ciudadanos.
La filosofía subyacente estaba muy clara: convalidar las copias que los ciudadanos realizaban por no poderse controlar las mismas y remunerar a los autores. Sin embargo, esta filosofía se quebró en nuestro siglo con las actuales copias: las que los ciudadanos realizan con los programas p2p. Como es bien sabido, cuando se reformó en julio de 2006 nuestra Ley de Propiedad Intelectual introduciendo el llamado canon digital, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista aprobaron unánimemente un canon que no sólo no convalidaba las copias realizadas por los ciudadanos sino que, además, en la ley se restringía el concepto de copia privada. De esta manera se traicionaban los fines buscados por la anterior legislación y se pasó a un sistema diferente:
- Copia privada: una muy escasa proporción de las copias realizadas por los particulares.
- Acreedor del canon: se deja fuera a los verdaderos beneficiarios del actual estado del arte, que son las empresas de telecomunicaciones y se continúa con el anterior diseño de acreedores.
- Criminalización social: absoluta.
Nuestros corruptos partidos políticos, sorprendentemente de acuerdo en algo, perdieron una oportunidad histórica de diseñar un canon
acorde con la finalidad de la ley (la convalidación de las copias y satisfacción a los autores), que hubiera sido el siguiente:
- Copia privada: todas las que los ciudadanos realizan con la tecnología del momento, lo que incluye, por supuesto, las realizadas con los programas de intercambio p2p.
- Acreedores del canon: las empresas que se benefician actualmente, que son las de telecomunicaciones.
- Criminalización social: ninguna.
Este sistema, además, tendría una ventaja adicional: ni el Estado, ni las empresas, ni los autónomos, satisfarían canon y el papel del siglo XXI (el soporte digital) dejaría de estar gravado. Si la línea de conexión fuese de una institución administrativa, académica, a una sociedad mercantil o de un autónomo, esa línea se hallaría exenta de canon, pero la empresa de telecomunicaciones lo satisfaría por cada conexión a un domicilio particular. El precio de las líneas debería ser el mismo independientemente de su contratante: si la línea es de un Juzgado y su velocidad es de 3 Megas, su precio deberia ser idéntico al de un particular con igual tipo de conexión. Por supuesto, este nuevo régimen exigiría la supresión del canon actual, que no tiene ningún sentido. Se dejaría de criminalizar a los particulares y pagarían quienes verdaderamente se están lucrando con las descargas.
Ayer acabamos el juicio del caso Soto. Durante el mismo se ha evidenciado la existencia de un sector económicamente muy floreciente: el sector de los servicios «antipiratería». Este sector está compuesto por tres tipos de servicios:
- Despachos de abogados vinculados a los lobbies de la industria del entretenimiento y, por tanto, interesados en que no se resuelva el actual conflicto social y, mucho menos, partidarios de un canon que convalide todas las copias realizadas por los particulares.
- Software «antipiratería» utilizado tanto para monitorizar las redes como para sembrarlas de archivos «ruido».
- Peritos «antipiratería» que en el caso Soto incluso se llegó a aportar una pericial firmada por un profesor de Derecho y con contenido sobre responsabilidad civil, lo que es verdaderamente insólito puesto que de Derecho saben los Tribunales.
Con un canon como el descrito, el caso Soto nunca hubiera existido. ¿Quién hubiera ganado? La sociedad y el desarrollo tecnológico. ¿Quién hubiera perdido? El sector de servicios «antipiratería» vinculado con las reformas legislativas precisamente a través de los lobbies. Criminalizar es un gran negocio. Nos estafaron los dos partidos políticos PSOE y PP cuando reformaron de común acuerdo la Ley de Propiedad Intelectual, lo que nos deja una pregunta pendiente: ¿Quiénes son los verdaderos piratas?
Fuente: Derecho de Internet
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Enlace de interés: Noticias. La web de Maco048
Una asociación ayudará a consumidores y empresas a reclamar la devolución del canon
La plataforma ‘Todos contra el canon’ ha anunciado hoy en SIMO que impulsará la creación de una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo será gestionar las exenciones de la compensación por copia privada que se aplica a los soportes informáticos de grabación. Representantes del sector han calificado hoy esta tasa de «injusticia», «cacicada» y «agresión».
La Ley de Propiedad Intelectual establece que los autores deben ser compensados por las copias privadas que los consumidores realizan de sus trabajos. Para lograr este fin, establece que los fabricantes de soportes de grabación susceptibles de ser utilizados para realizar las copias paguen una compensación, un canon que se cobra de forma indiscriminada sea cual sea el uso real que se va a dar al disco compacto o DVD. Varias asociaciones empresariales y de internautas, agrupadas en la plataforma ‘Todos contra el canon», se oponen a este modelo de gestión de la propiedad intelectual desde hace meses. Han pedido firmas contra la tasa compensatoria, y con ellas (actualmente dicen haber recibido 722 737 adhesiones) apoyaron una petición remitida al Defensor del Pueblo para que lleve el canon al Constitucional.
Representantes de la Asociación de Internautas (AI), Comisiones Obreras, la Asociación de Usuarios de Internet o la Asociación Española de Documentación Digital, entre otros, han apoyado esta mañana el siguiente paso en la estrategia de la plataforma. Se trata de la creación de una asociación que ayude a quien según la ley no esté obligado a pagar la tasa a exigir que no se le cobre -casos en los que el soporte informático se usa para almacenar obras propias, desde desarrollos de software a las fotos familiares o los documentos que genera un juicio- es un paso más en la campaña de ‘Todos contra el canon’. Los representantes de la plataforma que hoy han acudido a SIMO coinciden en señalar que el canon lastrará el desarrollo tecnológico español al aumentar los costes de empresas y particulares en una sociedad de la información “que ha pasado de ser la cola de Europa a los primeros de África”, según Javier Pagés, de la Asociación de Ingenieros Informáticos. “La nueva economía se va a desarrollar utilizando cada vez más soportes informáticos de grabación a los que si no cambian las cosas se va a aplicar canon, que repercutirá negativamente sobre empresas pequeñas y autónomos”, según ha señalado Salvador Bellido, de la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME). “Es una situación completamente injusta, una cacicda que lastra la economía de las empresas y los profesionales”.
También ha estado presente en SIMO para apoyar los postulados de ‘Todos contra el canon’ Lionel Fernández, de la Asociación de Empresas Operadoras y servicios de Telecomunicaciones”, que considera que la situación generada por la nueva Ley de Propiedad Intelectual es “una agresión contra el sector sin base legal. Fernández comentó que en la actualidad existen sistemas de cobro de derechos basados en la tecnología, como los que se utilizan en los móviles, que son menos indiscriminados, pero que las sociedades de autor no quieren implantarlos de forma general. Frente a la posibilidad de que el canon se extienda a otros soportes informáticos, como el disco duro, o a las líneas ADSL, Miguel Erraste, presidente de ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet) avanza que la reacción del sector podría ser la deslocalización. “Habría que hablar de mudarse a Andorra”, afirma.
Fuente: ElPais.com
Todos contra el canon digital
Mientras la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que da vía libre al establecimiento de un nuevo canon para los soportes digitales, continúa su trámite parlamentario, y ha pasado recientemente del Congreso al Senado, un amplio colectivo de asociaciones profesionales y entidades representativas de usuarios, empresas del sector de las tecnologías de la información, telecomunicaciones e Internet, se han reunido para reclamar mayor transparencia hacia el consumidor en este pago que encarece de forma indiscriminada los productos y servicios. Además quieren reafirmar su posición en contra del Canon Digital que según dicen «perjudica el desarrollo de la Sociedad de la Información y a la competitividad de nuestra economía»
A fin de recabar nuevos apoyos entre entidades sociales y ciudadanos particulares, los firmantes han anunciado la puesta en marcha de la plataforma www.todoscontraelcanon.es, y planificado próximas convocatorias y actuaciones con los representantes de todos los grupos parlamentarios.
Algunas de las organizaciones firmantes son: AEDOC (Asociación de Empresas de Documentación Digital), AETIC (Asoc. de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones), AI (Asociación de Internautas), AMI (Asociación de Música en Internet), ANEI (Asoc. Nacional de Empresas de Internet) y ASIMELEC (Asoc. Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones).
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