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La Comisión Europea ha abierto un expediente contra España, al haber encontrado restricciones en el material informático que utilizan algunas administraciones públicas y la obligación de que éste sea marca Intel o equivalente. Bruselas considera que esta especificación es una medida discriminatoria, que podría ir contra la legislación comunitaria de contratos públicos.

Intel controla en torno a un 80% del mercado de microprocesadores, una posición similar a la que tiene Microsoft con su sistema operativo Windows, otro producto vigilado muy de cerca desde Bruselas. AMD es el principal competidor de Intel.

El procedimiento iniciado ayer podría llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE, tras el envío al Gobierno de una carta de emplazamiento donde le pide información sobre la adquisición de ordenadores cuyas especificaciones técnicas requieren la utilización de microprocesadores de marca Intel o microprocesadores con valores de frecuencia de reloj mínimos.

Es decir, Bruselas cuestiona que en los concursos se especifique un tipo de procesador con una velocidad mínima que se mide en gigaherzios ya que, de esta forma, se utiliza el patrón tecnológico de Intel para seleccionar el tipo de chip. Otros fabricantes insisten en que, incluso con procesadores de menor velocidad de reloj que los equivalentes de Intel, la rapidez de ejecución de tareas puede ser superior.

Estas características figuran en 25 anuncios de licitación publicados en España por autoridades públicas de todos los niveles de la administración (central, regional, local y organismos independientes) para obtener material informático como ordenadores portátiles y servidores, según explicó la Comisión.

Justificación

Bruselas considera que estas especificaciones técnicas pueden ser discriminatorias y contrarias a la directiva europea de contratación pública, que indica que los poderes públicos sólo pueden establecer tantos detalles cuando sea el único modo para dar una indicación precisa del objeto deseado. Sin embargo, la Comisión consideró que en el caso de las administraciones españolas no se da este requisito, puesto que los microprocesadores pueden describirse de manera exacta a inteligible con referencias a su tipo y su rendimiento y sin tener que especificar la marca concreta.

Por esta misma razón, Bruselas ha abierto expedientes a Francia, Alemania, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia.

España tiene dos meses para responder a las demandas de la Comisión, si quiere evitar que Bruselas pase a la segunda fase del procedimiento de infracción, un dictamen motivado, el paso previo para la denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo.

Fuente: ?Expansión