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El Gobierno remitirá hoy al Consejo Económico y Social (CES) un real decreto por el que pretende extender el teletrabajo a toda la Administración General del Estado con el objetivo de que, al menos, 23.000 funcionarios, el 10% de toda la plantilla, pueda el año que viene realizar sus tareas desde sus casas. Estos empleados públicos tendrán la posibilidad de cubrir hasta el 40% de su tiempo de trabajo semanal en sus domicilios.

La filosofía de este nuevo decreto se enmarca dentro del Plan Concilia, un conjunto de medidas de flexibilización de horarios laborales y de permisos para atender mejor la vida personal y familiar que puso en marcha el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. En el 2006 se acogieron 9.527 funcionarios a estas medidas.

«La conciliación entre la vida profesional y personal es un derecho de los trabajadores y el decreto que regulará el teletrabajo es un importante instrumento para lograrlo», explicó el ministro a este diario. Sevilla consideró que «la conciliación es una prioridad para el Gobierno pero también fijar una cultura de evaluación de las tareas de los funcionarios por objetivos, en beneficio de una Administración más moderna que dé mejor servicio al ciudadano».

TRAS ITALIA Y EEUU España será el tercer país del mundo que regulará esta actividad, junto a Italia y EEUU. El decreto que hoy llegará al CES será negociado con los sindicatos antes de enviarlo al Consejo de Ministros. Su entrada en vigor está prevista dentro del presente año.

La nueva norma, a la que ha tenido acceso este diario, abarca el 80% de los funcionarios del Estado. Solo quedarán fuera de la posibilidad de trabajar en casa los empleados públicos que requieran una constante presencia en sus puestos de trabajo –altos cargos– o presten servicios de atención al público. La subsecretaria de Administraciones Públicas, Dolores Carrión, matizó que en la negociación con los sindicatos se podrá acordar para estos casos turnos de teletrabajo rotatorios.

El empleado público siempre accederá al teletrabajo de manera voluntaria y no supondrá una merma de su salario, sus complementos o sus posibilidades de promoción. El funcionario podrá prestar servicios desde su casa un máximo de dos días o cuatro tardes por semana.

Cada departamento ministerial tendrá la obligación de negociar cada año con los sindicatos programas de teletrabajo marcando unos objetivos y su duración. El texto deja claro que estos programas no podrán ser utilizados para deslocalizar centros de trabajo.

Luego se harán públicos los puestos a cubrir, las condiciones que deben reunir los candidatos y el procedimiento de selección. Siempre deberá existir una representación equilibrada de hombres y mujeres.

Los candidatos deberán estar en servicio activo, tener dos años de antigüedad, deberán demostrar conocimientos informáticos y asistir a un curso sobre teletrabajo. «En el caso de que haya más aspirantes que puestos, se valorarán cuestiones personales como el hecho de tener hijos, personas dependientes a su cargo, estar estudiando o realizar actividades de voluntariado, entre otras cosas», comentó Carrión. Existirá una comisión de valoración para seleccionar a los teletrabajadores.

CESIÓN DE EQUIPOS El Estado pondrá a su disposición ordenador, teléfono, conexión a la red e, incluso, mobiliario. Si ya dispone de todo ello y prefiere usarlos, la administración cubrirá los gastos que genere. Se verificará la ubicación de los equipos para prevenir riesgos laborales y el trabajador estará sujeto a la normativa de protección de datos.

El superior jerárquico evaluará cada semana el cumplimiento de los objetivos mediante indicadores previamente establecidos y la Comisión Coordinadora de Inspecciones de Servicios valorará los resultados.

Sevilla afirmó que «el Estado, como en el Plan Concilia, aspira a ser en el teletrabajo un modelo para el sector privado». Asimismo está previsto que este decreto se discuta con las autonomías en el marco de la conferencia sectorial de las administraciones públicas.

Fuente: Elperiodico.com
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