El Gobierno de España ha elaborado un proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición por el que no se permitirá la venta en el ámbito escolar de alimentos y bebidas que no cumplan con una serie de criterios nutricionales, que se establecerán en los reglamentos que desarrollen la ley.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha resaltado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, por primera vez, se introducen en una ley española aspectos relacionados con la promoción de hábitos saludables de alimentación así como «la prohibición de discriminación por obesidad». Esto es  relevante si se considera que, según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso, siendo ésta la segunda causa de muerte evitable en el mundo después del tabaco.

También parece urgente retirar de los colegios bollería, chucherías, «snacks» y refrescos dado que, entre los menores, el 9,13% tiene obesidad y el 18,48%, sobrepeso, lo que significa que uno de cada cuatro niños tiene exceso de peso.

La titular de Sanidad ha precisado que el tratamiento de las enfermedades derivadas de este problema nutricional conlleva un gasto de un 7% del Sistema Nacional de Salud, lo que supone unos 2 500 millones de euros.

La nueva ley, impulsada también por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos. Los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre ellos así como directrices para que la cena sea complementaria.

En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.

La normativa prevé actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos a la población de menos de 15 años, como el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante acuerdos con los operadores económicos y de comunicación audiovisual.

En cuanto a la industria alimentaria, la normativa establece la obligación de que utilicen tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de las grasas trans en la cadena alimentaria.