La Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de Ausbanc del registro de asociaciones de consumidores del Instituto Nacional del Consumo (INC) por realizar una «publicidad comercial y no meramente informativa».
Perder la condición de asociación de consumidores implica también dejar de tener derecho a representar como tal a los consumidores y a ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos. Asimismo, impide percibir las ayudas y subvenciones públicas destinadas a estas asociaciones y la pertenencia al Consejo de Consumidores y Usuarios, que permite la participación en órganos consultivos de las administraciones públicas de ámbito estatal.
Tendrá que modificar su nombre
Además, si una organización no reúne los requisitos establecidos en el régimen jurÃdico de las asociaciones de consumidores, tiene prohibido «utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios».
El truco de Ausbanc, dividirse en dos
El método utilizado por Ausbanc para lograr su inscripción en el registro de asociaciones de consumidores fue dividirse en dos: Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas, siendo ésta la entidad que recibe dinero de firmas comerciales, fundamentalmente del sector bancario. Lo hace a través de la publicidad que insertan en sus publicaciones, entre ellas Ausbanc, Mercado de Dinero y El Club de la Vida Buena, editadas ahora por Ausbanc Editorial.
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Pero… por lo que yo sé, ausbanc sigue siendo una asociación legal, que está por este tema en la vía de recursos…
NOTA ACLARATORIA
Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación, referentes a la expulsión de
Ausbanc del Libro-Registro de Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional del
Consumo (INC), esta Asociación quiere dejar claro que:
• Considerando que la Sentencia dictada por la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional
ratifica las graves irregularidades que tanto en el procedimiento administrativo de
expulsión como en su revisión judicial se han cometido, causando una clara
indefensión de esta Asociación que repercute, a la postre, en la defensa de los
consumidores y usuarios, y en el propio derecho de asociación
constitucionalmente protegido y declarado como derecho fundamental, en los
próximos días se presentará recurso de amparo contra la referida
Sentencia ante el Tribunal Constitucional, al que igualmente se solicitará, de
conformidad con lo previsto en el art. 56 de su Ley Orgánica, la suspensión de la
Sentencia, con el fin de que acciones colectivas como la recientemente estimada
por los Tribunales sobre la supresión de la llamada “cláusula suelo” de los
préstamos hipotecarios -de la que esta Asociación ha sido la única promotora y
bajo cuyo éxito se están formulando demandas por otras asociaciones- puedan
seguir defendiéndose ante los Tribunales en beneficio de los consumidores.
• Los Servicios Jurídicos de Ausbanc están preparando toda la documentación
necesaria para solicitar la reactivación de la inscripción en el citado Libro-Registro.
Hay que aclarar que esta solicitud ya fue realizada con anterioridad por esta
Asociación, al haberse subsanado los defectos que le achacaban, pero el Instituto
Nacional del Consumo no pudo tramitarla, ya que el asunto se encontraba en
pleno recurso, y se podía dar una duplicidad de inscripciones.
• Habida cuenta del enorme calado social y la trascendencia que tiene esta
resolución judicial, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha solicitado una
reunión con la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
• Por último, Ausbanc Consumo, asociación de consumidores que cuenta con 25
años de existencia, que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de
Asociaciones del Ministerio del Interior, y que cuenta en su haber con un número
importante de logros a favor de los consumidores, especialmente en el sector
financiero y bancario, pero que también se han extendido a otros sectores como
los de las academias de idiomas, las autopistas de peaje, telefonía fija y móvil…
ha sido reconocida en numerosas resoluciones judiciales su legitimación activa
para la defensa de los consumidores y usuarios.