En los años 50 del siglo pasado surgió una extraña enfermedad neurológica en la ciudad costera japonesa de Minamata. Cientos de personas sufrían movimientos involuntarios, debilidad muscular, problemas auditivos y del lenguaje. Además, madres sin síntomas daban a luz a niños enfermos. En 1968, Japón anunció que había descubierto la causa: intoxicación por mercurio a través del pescado y marisco contaminado. El origen estaba en los vertidos de una gran planta petroquímica y el mal fue bautizado como enfermedad de Minamata.

El mercurio comenzó a  desaparecer lentamente entonces y el sábado en Ginebra más de 140 países cerraron un pacto mundial para restringir su empleo. En una de las primeras convenciones ambientales desde Kioto, acordaron prohibir a partir de 2020 el mercurio en baterías, lámparas, relés y cosméticos además de controlar las emisiones de plantas térmicas, cementeras y químicas, entre otras. El pacto incluye el abandono progresivo del uso de mercurio en odontología. Sí se permitirá el uso como conservante en vacunas y en otros dispositivos en los que no hay sustitutos.

El tratado —que se llamará Convención de Minamata— deberá ahora ser ratificado por los Estados para que entre en vigor, lo que ocurrirá entre 2015 y 2018.

Se estima que unas 1000 toneladas al año acaban en el mar. En los primeros cien metros del océano, la concentración de mercurio se ha duplicado en el último siglo. Ese mercurio tiene una enorme vida en el medio ambiente y a menudo se acumula en algunos peces grasos con larga vida.

En 2011, El Gobierno español recomendó a embarazadas y menores de tres años [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE] por el alto contenido en mercurio, considerado un neurotóxico. En 2003, el Instituto Español de Oceanografía realizó un completo estudio en el que halló altos niveles de mercurio en muestras de marrajo, pez espada y tintorera en aguas en las que pescaba la flota española. El informe fue declarado confidencial y el Gobierno [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE], hasta que la Audiencia Nacional le dio la razón a la ONG Oceana y obligó publicarlo.