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junio 10th, 2013 
Rafael Barzanallana 
Los informes que realizan las organizaciones de consumidores para denunciar las irregularidades que cometen las empresas de alimentos en sus productos se encuentran en el punto de mira. Una enmienda introducida a última hora permite que las compañías que no estén de acuerdo con las conclusiones paralicen su publicación mientras presentan un estudio alternativo. En caso de discrepancia entre ambos informes, se elaborará un tercero que será el definitivo.
Las principales asociaciones de consumidores se han rebelado contra una norma que consideran antidemocrática y limitadora de su libertad de expresión. En su opinión, los nuevos requisitos dilatarán en exceso la publicación de sus estudios. “¿De qué sirve informar de que una empresa puso en riesgo su salud dos años atrás?”, se pregunta Rubén Sánchez, portavoz de FACUA.
El Ejecutivo ha escuchado una demanda que vienen haciendo desde hace tiempo los grandes grupos alimentarios, que consideran que los estudios de asociaciones como OCU o FACUA perjudican en exceso su imagen. La presión de la patronal de la industria alimentaria (FIAB) y de las grandes marcas que comercializan alimentos (Promarca) ha conseguido inclinar al PP a su favor, según fuentes cercanas a la tramitación de las enmiendas. Las mismas fuentes aseguran que fueron estos dos grupos, junto a los principales sindicatos agrarios y la federación de cooperativas agrarias, quienes propusieron la medida.
Fuente: ImSiSca
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