Según informó La Vanguardia Jaime Aguilera, presidente de Unilever España (Frigo, Calvé, Signal, Skip, Axe, Liptons, Mimosín, Tulipán …) es uno de los imputados por la Policía Nacional en el marco de la operación Pitiusa que las autoridades mantienen abierta.

ay casi una treintena de personas arrestadas en diferentes puntos de España, entre detectives, empresarios y agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en la tercera fase de la «operación Pitiusa», contra el tráfico y la venta de datos.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, la mayor parte de las detenciones -16- se han llevado a cabo o se practicarán en Barcelona, si bien también se han producido arrestos en Madrid (5), Cantabria (2), País Vasco (2) y Aragón (1), además de en Andalucía.

La operación, que sigue abierta, está dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, en colaboración con los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y Pedro Horrach. Entre los detenidos figuran sobre todo detectives, aunque también hay agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, según las mismas fuentes.

A las personas implicadas se las ha citado para que comparezcan en las dependencias del Área de Seguridad Privada de la Policía Nacional, donde se les tomará declaración en calidad de detenidos y en presencia de un abogado.

Posteriormente, según las mismas fuentes, se prevé que estas personas queden en libertad a la espera de ser citados por el juez que investiga el caso.

Antecedentes

En mayo del año pasado la Policía Nacional detuvo a 88 personas en el marco de la operación «Pitiusa» contra una organización dedicada al tráfico de datos personales y empresariales, según informó entonces el Ministerio del Interior.

A los arrestados se les atribuía la presunta comisión de los delitos de intrusismo profesional, descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y blanqueo de capitales.

Entre los detenidos había 40 detectives privados, 15 empleados públicos y 33 empresarios, asalariados y particulares. El origen de estas investigaciones se sitúa en marzo de 2011 en Barcelona por las actividades de un policía local, exdetective privado, que presuntamente utilizaba y cedía datos confidenciales obtenidos por su condición de funcionario público.

Posteriormente se descubrió que formaba parte de una estructura organizada de carácter horizontal dedicada al mercadeo de información y datos reservados de carácter personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio nacional.

Fuente: ClubDarwin.NET