El 23 de noviembre de 1900 se alertó a la Alcaldía de la existencia en el barrio de San Antolín de «una enfermedad rara». El Colegio de Médicos abrió una investigación, que pronto determinó que se trataba de triquinosis, una enfermedad parasitaria que se origina por el consumo de carne cruda o mal cocida. Pero era necesario encontrar el parásito que la producía. Al mismo tiempo, un tendero, Manuel Martínez, denunció que Francisco Ortiz había encargado al matarife José Fenor que sacrificara ilegalmente una cerda.

Cuatro días más tarde se producía la primera víctima, Mariano Barrera, cuya autopsia confirmó las sospechas de los médicos. Hasta entonces los diarios describirían la dolencia como una «misteriosa enfermedad reinante».

La muerte de Barrera provocó la detención de dos tenderos. Uno, Miguel Tomás, ‘El Jumillano’, quien regentaba una tienda en la calle del Pilar. Y el otro, Juan Martínez, ‘El Potaje’, cuyo comercio estaba ubicado en la plaza de Vidrieros. También fueron arrestados el propietario de la cerda y el matarife. El pánico cundió por la ciudad y la prensa dirigió su atención al matadero.

Aquel mismo día, el químico del servicio retiró otro cerdo en mal estado; un inspector de consumo hizo lo mismo en la plaza de abastos y hasta un concejal requisó «cuatro o cinco cántaros de leche de oveja porque estaba maleada», según publicó el Diario de Murcia.

La alarma social estaba más que justificada. Según el informe médico del 4 de diciembre el número de infectados por la triquina alcanzaba los 49 hombres, 54 mujeres y 68 niños, hasta alcanzar la cifra de 171, algunos en grave estado. Ya habían fallecido cuatro murcianos. Y se habían recogido más de 1.000 muestras de alimentos. Los análisis no detectaban adulteración alguna. Aunque, como denunciaría Las Provincias de Levante, era evidente «el desastre de esa horrible procesión de víctimas que llevan todos los días al cementerio de Nuestro Padre Jesús, en donde la tierra tapa las infamias, el abandono y la complicidad de los hombres».

El catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid enviado a Murcia por el Gobierno denunció que la inspección sanitaria en el matadero era casi inexistente. «No tienen ni microscopio», informó. Tanta presión aumentaría los controles en el municipio, donde surgieron decenas de irregularidades en el sacrificio de animales. Entretanto, algún avispado comerciante hacía su agosto anunciando en la prensa que «para librarse de la triquina beba vinos La Jerezana».

El juicio se fijó para el 25 de octubre de 1904. A lo largo de 6 sesiones se fueron conociendo los detalles del caso. Desde el primer día resultó probado que los análisis realizados a la carne despachada por ‘El Potaje’ y ‘El Jumillano’ no habían detectado que estuviera contaminada. El fiscal consideró responsable al Potaje de 4 delitos de homicidio por imprudencia temeraria; al Jumillano de 10 de la misma clase; y a los otros de 14 delitos correspondientes a otras tantas víctimas. Todos se declararon inocentes.

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