Ante la próxima aprobación del Real Decreto por el que se regulará el Esquema Nacional de Interoperabilidad, la asociación de usuarios españoles de GNU/Linux (Hispalinux), ha publicado una carta abierta en la que defiende una Administración Electrónica «transparente, independiente y democrática». En este documento plasman sus conclusiones sobre el texto que va a ratificar el Gobierno. Seguir leyendo el arículo
En su carta, Hispalinux denuncia el secretismo con el que ha llevado el Ejecutivo la preparación de una norma que regulará una serie de materias «que son los pilares mismos de nuestra sociedad». Para la asociación, la Administración Electrónica puede asentar «las bases de una nueva era de nuestra democracia, revalorizar el papel del ciudadano y reformar -por fin- la función pública». Por ello, reclama la «máxima información y participación» en la regulación.
Hispalinux recuerda que este «indebido secretismo erosiona la confianza en la integridad e imparcialidad de los procesos regulatorios, en un ámbito donde la transparencia debería primar sobre cualquier otra consideración en el balance del resultado normativo».
Para romper esta «cadena de silencio» la asociación ha colgado en su página web www.hispalinux.es el borrador del Real Decreto. De esta forma, los internautas pueden tener acceso a él. Tras analizar el documento, la organización ha extraído una serie de conclusiones que consideran deberían llevar «a nuestras autoridades a replantearse el presente proyecto» normativo.
Estándares privados
Para Hispalinux, el Esquema Nacional de Interoperabilidad planteado es «extraordinariamente genérico en sus términos» y «no conduce a los sistemas de nuestra infraestructura informática pública hacia una plena interoperabilidad, sino a un mero nivel de coexistencia de las conveniencias comerciales vigentes, interesadas en mantener cautivo el mercado del futuro desarrollo de los servicios públicos electrónicos». La asociación señala que si la informatización se realiza con monopolios o con estándares privados, el Estado no será es libre de buscar su propio desarrollo, ni por supuesto, le será factible desarrollar su propio futuro ni el contenido y extensión de sus servicios digitales.
La organización considera que el Gobierno debería promover el desarrollo de estándares abiertos, porque sólo así la industria española de software y servicios informáticos «podrá participar en el desarrollo de la infraestructura informática de nuestras administraciones públicas». Asimismo, se pide garantizar la mayor «interoperabilidad posible» con la utilización, siempre que existan, de fuentes abiertas, «compatibles con la seguridad de tráfico y el derecho a la intimidad».
Falta de regulación
Otra deficiencia encontrada en el borrador del Real Decreto es la «inexistencia de un órgano de control de la interoperabilidad», lo que contradice el principio universal de la misma. Hispalinux afirma que si se pretende dotar de efectividad al objetivo estratégico de la interoperabilidad será preciso constituir un organismo, o dotar al Consejo Superior de Administración Electrónica de capacidad arbitral, para que sus resoluciones sean de obligado cumplimiento por todas las administraciones. Sólo así se conseguirá una interoperabilidad real y la aplicación generalizada de los estándares.
En su declaración final, Hispalinux rechaza la forma en la que ha llevado el Ejecutivo la preparación del Esquema Nacional de Interoperabilidad, de espaldas a los ciudadanos. Para la asociación, no se puede concebir «la juridicidad de normas susceptibles de crear un sistema que permita a la Administración maximizar su poder al margen de cualquier control, y todavía menos supeditar la Administración a intereses corporativos». En su opinión, respaldar el Real Decreto significaría permitir «que el carácter democrático y garantista de la futura Administración Electrónica quede gravemente comprometido».
Fuente: Yahoo! España. Noticias
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Enlaces de interés:
– Apuntes Introduccion a la Informática (GAP). Capitulo 2
– Apuntes Informática Aplicada al Trabajo Social. Fundamentos de Software
En España ya se han producido unas cuantas sentencias absolutorias en juicios contra sitios que proporcionaban enlaces a archivos de redes P2P como por ejemplo los de Spanishare, Sharemula, o eliteDivX, por citar algunos. El único caso en el que ha habido una condena ha sido hasta ahora porque el acusado decidió pactar un veredicto de culpabilidad ante el temor de que pudieran actuar contra él por la vía civil.
Tampoco están prosperando las solicitudes de cierres cautelares contra webs de este estilo como en los casos de Agujero.com e Indiceweb.com, pues los jueces estiman que a priori no queda acreditado que estén cometiendo infracción alguna.
Y tampoco lo ha hecho la solicitud de cierre cautelar planteada por la SGAE contra Elrincondejesus.com, como dice el Auto N° 138/09 de D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado Juez Titular del Juzgado Mercantil número 7 de los de Barcelona.
Pero este auto, en el que se ve que el juez se ha tomado la molestia de entender cómo funcionan las redes P2P y en el que razona perfectamente su decisión, dice además por primera vez de manera explícita que
Las redes P2P, como meras redes de transmisión de datos entre usuarios de Internet no vulnera, en principio, derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
En nuestro sistema legal este auto no sienta jurisprudencia, pero sí se convierte en un precedente más, y, sin ser abogado, creo que en uno muy importante por lo que dice explícitamente acerca del uso de redes P2P.
Fuente: microsiervos
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Enlaces relacionados:
– Intel y la guerra de los derechos de autor DMR
– Apuntes Informática Aplicada a la Gestión Pública. Capitulo 8 Internet
El Juzgado de lo Penal 4 de Pamplona ha absuelto a Javier M.B. del delito contra la propiedad intelectual del que fue acusado por haberse descargado de Internet 3322 películas y un número indeterminado de piezas musicales.
La sentencia considera probada que estas descargas se realizaron entre 2003 y 2004 «sin consentimiento de los titulares de los derechos de autor» pero para «uso particular» o «intercambio con otros internautas».
Subraya así que no ha quedado acreditado que el acusado haya obtenido «ningún tipo de ventaja económica con la venta de todo o parte del material que almacenaba».
Y ante la falta de prueba «para enervar el derecho a la presunción de inocencia», puntualiza el fallo, ya que el denunciante no aportó «ninguna prueba del lucro», el tribunal declara al procesado inocente de un delito contra la propiedad intelectual.
Bajo licencia Creative Commons
Para los que llevamos muchos años con el software libre es ya una historia conocida: después de ignorarte o reirse de ti llega la fase del “ataque”. Así nos han dicho de todo, talibanes, cáncer, fanáticos, ladrones, etc. etc.
Ahora estamos viviendo una esta similar de los que proponen la regulación de Internet y el recorte de las libertades individuales en favor de sus propios intereses: mantener un modelo de negocio imposible.
Así, aunque el debate es variado y con opciones diversas (por ejemplo EDans no tiene [gran parte de] razón o Casciari tiene razón, pero peligrosamente optimista), esos ignorantes del debate y que se han quedado sin argumentos entran a saco con la descalificación personal y de toda la comunidad. Un ejemplo lo sufrí en persona y en directo por la radio, pero el que leí el domingo pasado en El País me dejó frío, aunque ya debería estar acostumbrado.
Se trata de Sobre piratas y ladrones de Jose María Guelbenzu. No había visto tanta ignorancia, tanto FUD, tanto maniqueismo y <perez_reverte>cainismo</perez_reverte> en tan pocas líneas. No sé cómo El País se atreve a publicar semejante artículo… o sí que lo sé. Pero que al menos no le llamen “Tribuna”, en todo caso “La grada” o “La voz de sus amos”.
De cualquier forma creo que da una excelente oportunidad para responderle en los mismos términos, estilo y falacias ad-hominem a tutiplen. Me servirá para practicar un poco de populismo victimista y con suerte saldrá publicado en algún periódico.
Sobre autores mediocres piratas
Para ciertos individuos la sociedad tiene una deuda hacia ellos. Ésta es la idea bajo cuya bandera muchos de ellos, consciente o inconscientemente, están cometiendo toda clase de atentados contra la libertad individual gracias a la mal llamada propiedad intelectual.
En la sociedad, la palabra propiedad intelectual lo envenena todo, es la coartada perfecta para toda clase de injurias y calumnias al tiempo que privatizan la cultura.
Las leyes de propiedad intelectual permite apropiarse de contenidos que bien son copiados directamente o bien, siendo incluso adquiridos inicialmente, se redistribuyen o se revenden a precios discriminatorios al tiempo que se convierte en delincuente al que comparte cultura.
Ya no es teoría ni especulación la idea de una propiedad total sobre la cultura y el conocimiento como representación de un mundo donde la privacidad e intimidad no tienen cabida. Es como un Gran Hermano orwelliano, pero mucho peor.
Simbólicamente, Victor Hugo es la imagen del autor que a pesar de los favores y dineros que recibía de Luis XVIII o la Reina Victoria no fió su fortuna ni la de sus descendientes a la gracia de sus señores o del público. Hasta entonces, el artista creaba a expensas de su protector, ya fuera éste el rey, una institución o incluso un comerciante enriquecido; desde Victor Hugo, el “artista”, amparándose en la Convención de Berna que ayudó a crear, empezó a reclamar propiedades antes inexistentes, a cobrar por cada pieza vendida y tratar de ladrones a sus lectores. Cuando los intermediarios entraron en escena se montó una cadena de negocio al final de la cual estaban los abogados.
En los últimos años, una figura ha empezado a reproducirse vertiginosamente en el mundo de la cultura: el autor mediocre. El autor mediocre es un ser humano que se dispone, a diferencia del resto de los humanos, a sacar partido de la sociedad cobrando de por vida más noventa años del trabajo que hizo sólo una vez.
Ha escrito un libro intrascendente, abona su cuota a la sociedad gestora, trabaja para un gran medio de comunicación y tiene conciencia de pertenecer a un lobby o asociación que salvará a la cultura. Toda esta inversión procede de su trabajo en una gran empresa, o de la sociedad gestora, o de subvenciones estatales, de las cuales cobra un dinero.
El autor mediocre considera indiscutible su derecho a ser pagado –de por vida y también sus descendientes– por su breve trabajo, pero, ¡oh paradoja!, considera igualmente indiscutible apoderarse, sin pagar por ello, del trabajo ajeno en nombre de la cultura popular. De donde venga esta idea es algo misterioso.
Quizá su origen remoto esté relacionado con el proceso que comenzó hace años con el new age bajo el lema “todo es relativo”, que viene a decir que tanto vale mi opinión como la misma realidad, aunque la realidad sea tozuda y yo un piernas que no pudo acabar estudios universitarios de letras. Por esa línea de pensamiento débil o simplemente tonto se llega a la idea de que libertad depende de cómo la mires y quién se la merece. Y ahí está el corazón del problema.
En los viejos tiempos, muchos desdichados viajeros eran abordados por salteadores de caminos que, pistola en mano, les conminaban a entregar “la bolsa o la vida”. Por lo general, entregaban la bolsa y la ropa y se iban con una mano delante y otra detrás mientras los bandidos se repartían el botín.
En nuestros días, el autor mediocre, influencia política en mano, se apropia del dinero ajeno para su entretenimiento, y si se anuncia mayoritariamente de parte de los expertos de que alguna medida legal es inconstitucional, como en Francia, avisan de que les da igual, es decir, que seguirán insistiendo, calumniando y cobrando al resto de la sociedad. Toda una declaración de intención; ahí no hay inconsciencia.
La sociedad a la que se le quita el dinero y algunas asociaciones preocupadas por un justo balance entre interés cultural y la libertad individual, buscan soluciones que pasan por la re-estructuración (que los autores rechazan airadamente) de un cánon injusto y gestionado de manera oscura que no llega a los autores de las obras que consumimos, o a las compañías de telefonía (que también se niegan pagar el mismo impuesto que ya les obligarán a pagar a TVE y así transferir cientos de millones de euros de publicidad hacia la televisiones privadas, gestionadas por los mismos grupos mediáticos).
Yo no estoy en contra de pagar un cánon, pero sí a favor de una distribución justa y transparente al tiempo que no se restrinjan las libertades individuales, porque negar la libertad individual es una manera de fomentar la quiebra de la democracia y la solidaridad social imprescindible.
Y estoy decididamente a favor de fomentar la cultura; pero así como generarla cuesta dinero a la sociedad, por la misma razón no se debe de pagar dinero por descargarse libros, películas o canciones que ya han sido debidamente pagadas por todos.
Es la palabra propiedad intelectual la que lo envenena todo y la coartada perfecta, así que debe de usarse la palabra adecuada: latrocinio, despojo, apropiación indebida… y tendría que explicarse ya desde el colegio.
La mala conciencia del autor mediocre aparece cuando éste intenta justificarse acusando de abusos a la propiedad intelectual (que también abusa de una mayoría de artistas que trabajan cada día): no me cabe duda de que los ha habido y los habrá, lo que no justifica que la respuesta sea la del señor feudal que se echa a los caminos a condenar a todos sus vasallos.
Y por último, las asociaciones de autores ya se han convertido desde hace décadas, con sus millones de euros provenientes de cánones y subvenciones, en grupos de presión sobre el poder para que éste legisle contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, Carta de los Derechos Humanos y acuerdos europeos e internacionales: el de la libertad individual, la intimidad y la privacidad de las comunicaciones. Es el triunfo de los adoradores del becerro de oro de la propiedad intelectual y la miseria de la política esclavizada a los grupos de presión y sus artistas lameculos.
Parafraseando a Goebbels: “¡Oh, Propiedad Intelectual, una mentira, repetida cien años, se convierte en verdad!”.
Ricardo Galli es programador, profesor y empresario, con estudios acabados, sin braguetazo conocido, sin relación alguna con grandes medios ni voluntad de vivir sin trabajar. [*]
[*] Aviso para tuiteros que sólo se quedan con la frase que les conviene: es también la obligada boutade, recomiendo leer la impresionante biografía del autor del artículo original
Para los que llevamos muchos años con el software libre es ya una historia conocida: después de ignorarte o reírse de ti llega la fase del “ataque”. Así nos han dicho de todo, talibanes, cáncer, fanáticos, ladrones, etc. etc.
Ahora estamos viviendo una esta similar de los que proponen la regulación de Internet y el recorte de las libertades individuales en favor de sus propios intereses: mantener un modelo de negocio imposible.
Así, aunque el debate es variado y con opciones diversas (por ejemplo EDans no tiene [gran parte de] razón o Casciari tiene razón, pero peligrosamente optimista), esos ignorantes del debate y que se han quedado sin argumentos entran a saco con la descalificación personal y de toda la comunidad. Un ejemplo lo sufrí en persona y en directo por la radio, pero el que leí el domingo pasado en El País me dejó frío, aunque ya debería estar acostumbrado.
Se trata de Sobre piratas y ladrones de Jose María Guelbenzu. No había visto tanta ignorancia, tanto FUD, tanto maniqueismo y <perez_reverte>cainismo</perez_reverte> en tan pocas líneas. No sé cómo El País se atreve a publicar semejante artículo… o sí que lo sé. Pero que al menos no le llamen “Tribuna”, en todo caso “La grada” o “La voz de sus amos”.
De cualquier forma creo que da una excelente oportunidad para responderle en los mismos términos, estilo y falacias ad-hominem a tutiplen. Me servirá para practicar un poco de populismo victimista y con suerte saldrá publicado en algún periódico.
Sobre autores mediocres piratas
Para ciertos individuos la sociedad tiene una deuda hacia ellos. Ésta es la idea bajo cuya bandera muchos de ellos, consciente o inconscientemente, están cometiendo toda clase de atentados contra la libertad individual gracias a la mal llamada propiedad intelectual.
En la sociedad, la palabra propiedad intelectual lo envenena todo, es la coartada perfecta para toda clase de injurias y calumnias al tiempo que privatizan la cultura.
Las leyes de propiedad intelectual permite apropiarse de contenidos que bien son copiados directamente o bien, siendo incluso adquiridos inicialmente, se redistribuyen o se revenden a precios discriminatorios al tiempo que se convierte en delincuente al que comparte cultura.
Ya no es teoría ni especulación la idea de una propiedad total sobre la cultura y el conocimiento como representación de un mundo donde la privacidad e intimidad no tienen cabida. Es como un Gran Hermano orwelliano, pero mucho peor.
Simbólicamente, Victor Hugo es la imagen del autor que a pesar de los favores y dineros que recibía de Luis XVIII o la Reina Victoria no fió su fortuna ni la de sus descendientes a la gracia de sus señores o del público. Hasta entonces, el artista creaba a expensas de su protector, ya fuera éste el rey, una institución o incluso un comerciante enriquecido; desde Victor Hugo, el “artista”, amparándose en la Convención de Berna que ayudó a crear, empezó a reclamar propiedades antes inexistentes, a cobrar por cada pieza vendida y tratar de ladrones a sus lectores. Cuando los intermediarios entraron en escena se montó una cadena de negocio al final de la cual estaban los abogados.
En los últimos años, una figura ha empezado a reproducirse vertiginosamente en el mundo de la cultura: el autor mediocre. El autor mediocre es un ser humano que se dispone, a diferencia del resto de los humanos, a sacar partido de la sociedad cobrando de por vida más noventa años del trabajo que hizo sólo una vez.
Ha escrito un libro intrascendente, abona su cuota a la sociedad gestora, trabaja para un gran medio de comunicación y tiene conciencia de pertenecer a un lobby o asociación que salvará a la cultura. Toda esta inversión procede de su trabajo en una gran empresa, o de la sociedad gestora, o de subvenciones estatales, de las cuales cobra un dinero.
El autor mediocre considera indiscutible su derecho a ser pagado –de por vida y también sus descendientes– por su breve trabajo, pero, ¡oh paradoja!, considera igualmente indiscutible apoderarse, sin pagar por ello, del trabajo ajeno en nombre de la cultura popular. De donde venga esta idea es algo misterioso.
Quizá su origen remoto esté relacionado con el proceso que comenzó hace años con el new age bajo el lema “todo es relativo”, que viene a decir que tanto vale mi opinión como la misma realidad, aunque la realidad sea tozuda y yo un piernas que no pudo acabar estudios universitarios de letras. Por esa línea de pensamiento débil o simplemente tonto se llega a la idea de que libertad depende de cómo la mires y quién se la merece. Y ahí está el corazón del problema.
En los viejos tiempos, muchos desdichados viajeros eran abordados por salteadores de caminos que, pistola en mano, les conminaban a entregar “la bolsa o la vida”. Por lo general, entregaban la bolsa y la ropa y se iban con una mano delante y otra detrás mientras los bandidos se repartían el botín.
En nuestros días, el autor mediocre, influencia política en mano, se apropia del dinero ajeno para su entretenimiento, y si se anuncia mayoritariamente de parte de los expertos de que alguna medida legal es inconstitucional, como en Francia, avisan de que les da igual, es decir, que seguirán insistiendo, calumniando y cobrando al resto de la sociedad. Toda una declaración de intención; ahí no hay inconsciencia.
La sociedad a la que se le quita el dinero y algunas asociaciones preocupadas por un justo balance entre interés cultural y la libertad individual, buscan soluciones que pasan por la re-estructuración (que los autores rechazan airadamente) de un cánon injusto y gestionado de manera oscura que no llega a los autores de las obras que consumimos, o a las compañías de telefonía (que también se niegan pagar el mismo impuesto que ya les obligarán a pagar a TVE y así transferir cientos de millones de euros de publicidad hacia la televisiones privadas, gestionadas por los mismos grupos mediáticos).
Yo no estoy en contra de pagar un cánon, pero sí a favor de una distribución justa y transparente al tiempo que no se restrinjan las libertades individuales, porque negar la libertad individual es una manera de fomentar la quiebra de la democracia y la solidaridad social imprescindible.
Y estoy decididamente a favor de fomentar la cultura; pero así como generarla cuesta dinero a la sociedad, por la misma razón no se debe de pagar dinero por descargarse libros, películas o canciones que ya han sido debidamente pagadas por todos.
Es la palabra propiedad intelectual la que lo envenena todo y la coartada perfecta, así que debe de usarse la palabra adecuada: latrocinio, despojo, apropiación indebida… y tendría que explicarse ya desde el colegio.
La mala conciencia del autor mediocre aparece cuando éste intenta justificarse acusando de abusos a la propiedad intelectual (que también abusa de una mayoría de artistas que trabajan cada día): no me cabe duda de que los ha habido y los habrá, lo que no justifica que la respuesta sea la del señor feudal que se echa a los caminos a condenar a todos sus vasallos.
Y por último, las asociaciones de autores ya se han convertido desde hace décadas, con sus millones de euros provenientes de cánones y subvenciones, en grupos de presión sobre el poder para que éste legisle contra derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, Carta de los Derechos Humanos y acuerdos europeos e internacionales: el de la libertad individual, la intimidad y la privacidad de las comunicaciones. Es el triunfo de los adoradores del becerro de oro de la propiedad intelectual y la miseria de la política esclavizada a los grupos de presión y sus artistas lameculos.
Parafraseando a Goebbels: “¡Oh, Propiedad Intelectual, una mentira, repetida cien años, se convierte en verdad!”.
Ricardo Galli es programador, profesor y empresario, con estudios acabados, sin braguetazo conocido, sin relación alguna con grandes medios ni voluntad de vivir sin trabajar. [*]
[*] Aviso para tuiteros que sólo se quedan con la frase que les conviene: es también la obligada boutade, recomiendo leer la impresionante biografía del autor del artículo original
Fuente:
Bajo licencia Creative Commons
Cuando en los años 60 del siglo pasado se descubrió que los particulares hacían copias no consentidas por los titulares de los derechos utilizando la tecnología de aquella época (las cintas magnetofónicas y las musicassettes), se tomaron en consideración los siguientes elementos y se diseñó un sistema de compensación ampliamente conocido como «canon»:
La filosofía subyacente estaba muy clara: convalidar las copias que los ciudadanos realizaban por no poderse controlar las mismas y remunerar a los autores. Sin embargo, esta filosofía se quebró en nuestro siglo con las actuales copias: las que los ciudadanos realizan con los programas p2p. Como es bien sabido, cuando se reformó en julio de 2006 nuestra Ley de Propiedad Intelectual introduciendo el llamado canon digital, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista aprobaron unánimemente un canon que no sólo no convalidaba las copias realizadas por los ciudadanos sino que, además, en la ley se restringía el concepto de copia privada. De esta manera se traicionaban los fines buscados por la anterior legislación y se pasó a un sistema diferente:
Nuestros corruptos partidos políticos, sorprendentemente de acuerdo en algo, perdieron una oportunidad histórica de diseñar un canon
acorde con la finalidad de la ley (la convalidación de las copias y satisfacción a los autores), que hubiera sido el siguiente:
Este sistema, además, tendría una ventaja adicional: ni el Estado, ni las empresas, ni los autónomos, satisfarían canon y el papel del siglo XXI (el soporte digital) dejaría de estar gravado. Si la línea de conexión fuese de una institución administrativa, académica, a una sociedad mercantil o de un autónomo, esa línea se hallaría exenta de canon, pero la empresa de telecomunicaciones lo satisfaría por cada conexión a un domicilio particular. El precio de las líneas debería ser el mismo independientemente de su contratante: si la línea es de un Juzgado y su velocidad es de 3 Megas, su precio deberia ser idéntico al de un particular con igual tipo de conexión. Por supuesto, este nuevo régimen exigiría la supresión del canon actual, que no tiene ningún sentido. Se dejaría de criminalizar a los particulares y pagarían quienes verdaderamente se están lucrando con las descargas.
Ayer acabamos el juicio del caso Soto. Durante el mismo se ha evidenciado la existencia de un sector económicamente muy floreciente: el sector de los servicios «antipiratería». Este sector está compuesto por tres tipos de servicios:
Con un canon como el descrito, el caso Soto nunca hubiera existido. ¿Quién hubiera ganado? La sociedad y el desarrollo tecnológico. ¿Quién hubiera perdido? El sector de servicios «antipiratería» vinculado con las reformas legislativas precisamente a través de los lobbies. Criminalizar es un gran negocio. Nos estafaron los dos partidos políticos PSOE y PP cuando reformaron de común acuerdo la Ley de Propiedad Intelectual, lo que nos deja una pregunta pendiente: ¿Quiénes son los verdaderos piratas?
Fuente: Derecho de Internet
Bajo licencia Creative Commons
Enlace de interés: Noticias. La web de Maco048
En lo que llevamos de año 2009 han aumentado espectacularmente la cantidad de sanciones de la AEPD por videovigilancia, en consonancia con las declaraciones del director de la Agencia que ya avisó que asimismo habían aumentado de forma exponencial el número de denuncias sobre este asunto.
Esta información se ha visto reforzada con la presentación de la Memoria 2008 de la AEPD, donde se señala que las actuaciones previas de inspección en videovigilancia suponen el 15,5% del total de las realizadas, situándose en el tercer lugar de los sectores inspeccionados y las resoluciones de procedimientos sancionadores en este ámbito se han incrementado nada más y nada menos que en un 633,3%.
¿Será que la AEPD ha lanzado un equipo de inspectores a recorrer las calles de España en busca de cámaras no señalizadas? Pues no. Digámoslo claramente: la Agencia mantiene una actitud casi “pasiva”, son los ciudadanos los que están tomando las riendas.
Diciembre 18, 2008
Señor Ministro de Cultura.
Anuncia usted medidas impopulares para combatir la piratería. Se va a sacar de la manga algún tipo de reglamentación, como ya se ha hecho en Francia, para perseguir a los usuarios de Internet que descargamos contenidos protegidos; es decir, señor ministro, piensa perseguir ¿al 30, al 50, al 75% de los internautas españoles?
No sé quién le aconseja en estas cuestiones (espero que no sea fruto de su propia iniciativa), y sobre todo, no sé si el Presidente Zapatero se da cuenta de lo perjudicial que es seguir con este tipo de planteamientos sobre el uso de Internet. Lo que sí sé es que con ellos no van a obtener nada a cambio.
Señor ministro, parece pertenecer usted a ese irreducible grupo de intelectuales para los cuales Internet es más una amenaza que una oportunidad para difundir la cultura que dicen proteger. También es evidente que a su despacho solo tienen acceso esas mismas élites, vanguardia cultural que nos sigue vendiendo (o intentándolo) el mismo producto desde hace 30 años, y que piensa que sigue siendo más rentable (políticamente, me refiero) hacerse una foto con los cuatro cantantes de turno, que reconocer la realidad, a la que, tarde o temprano, todos tendrán que adaptarse. Y es que los tiempos han cambiado; el modelo de negocio de la cultura ya no puede ser el de antes, los canales de distribución de la cultura son otros, y su respuesta como máximo responsable de la cultura en España no puede ser intentar poner puertas al campo. Resulta tan patético como aquellos viejos artistas de Broadway, indignados a comienzos del siglo pasado porque la emisión de música a través de la incipiente radiodifusión iba a dejarles sin espectadores en los teatros. O como aquellos obreros luditas, para los que las máquinas y la tecnología en general eran el motivo de sus malas condiciones laborales y de vida.
Lo peor de todo ello es que existen muchos, muchísimos votantes socialistas que están empezando a reconsiderar su voto por esta cuestión, y aunque no me encuentro entre ellos, me gustaría que alguien dentro del PSOE empezara a cuestionar sus palabras y sus intenciones, señor ministro. Porque es inadmisible destinar dinero público a campañas infantiles que nada tienen que ver con la cultura, y sobre todo porque por mucho que se empeñe en poner trabas a lo que ustedes llaman “piratería”, inmediatamente surgirá una forma de franquearlas.
Fuente: davicius
El Ministerio de Cultura, dentro de su campaña Si eres legal, eres legal contra la «piratería» en Internet ha colgado en su página web un decálogo con «Las 10 mentiras más difundidas sobre propiedad intelectual». Bajo la consigna «Los ilegales intentan engañarte… ¡No te dejes manipular!, para que nadie te time», el Ministerio que dirige César Antonio Molina señala que las descargas de música y películas no son legales, que los programas de intercambio de archivos P2P (como el eMule) son perseguibles judicialmente, no son seguros, y suponen un expolio para los artistas y creadores.
No obstante, el decálogo ha sido refutado punto por punto por las asociaciones de internautas, blogs y otros colectivos ciudadanos relacionados con la Red. Este es el antidecálogo basado en sus opiniones:
1.- Lo que está en Internet es gratis
Ministerio de Cultura: ¡Falso! La música, el cine, las imágenes, los textos, los videojuegos que están en Internet han sido creados por personas. Es a ellas a las que corresponde disponer si su utilización es libre y gratuita o, por el contrario, poner un precio a su uso.
Antidecálogo: ¡Verdadero! Lo que está en Internet puede ser gratis, de pago o incluso de ambas categorías, gratis por un tiempo con opción a compra (share). En el caso de los vídeos y la música, los creadores pueden exigir un precio a los que comercializan esos contenidos o se lucran con ellos (iTunes, Google, Yahoo, etcétera)
2.-Bajarse música o películas de Internet es legal
Cultura: ¡Falso! Cuando los dueños de contenidos autorizan la descarga gratuita, sí es legal. Si la descarga no está autorizada por los titulares de los derechos, tiene lugar una infracción de la propiedad intelectual.
Antidecálogo: ¡Verdadero! Las descargas de música son legales o, más precisamente, no son ilegales. Lo dice una sentencia de 2006 del juzgado de lo Penal número 3 de Santander que absolvió a un internauta, para quien se pedían dos años de cárcel por descargar y compartir música en Internet, por considerar que esa práctica no es delito, si no existe ánimo de lucro, y está amparada por el derecho de copia privada.
3.- Si no aparece el símbolo © en un contenido en Internet lo puedo utilizar
Cultura: ¡Falso! La ausencia del símbolo no indica que el contenido es de utilización libre. Para que así sea el titular lo ha tenido que hacer constar expresamente.
Antidecálogo: ¡Verdadero! Siempre que no tenga ánimo de lucro, el usuario particular no tiene medios a su alcance para comprobar si un contenido está o no protegido por copyright. Corresponde a las empresas de la Red poner los medios tecnológicos para garantizar este derecho. Por ejemplo, YouTube ha creado su sistema Video ID que permite a los titulares de los derechos identificar sus contenidos y decidir que hacer con ellos: bloquearlos, autorizarlos o comercializarlos.
4.- Es legal copiar o utilizar un contenido de Internet siempre que se cite al autor
Cultura: ¡Falso! Debemos mencionar la fuente y el autor cuando utilizamos una cita en un trabajo de investigación o en un artículo. En estos casos, el fragmento ha de ser corto y proporcionado al fin de la incorporación. Y si no estamos citando, sino utilizando una obra sin autorización, debemos obtener una autorización del titular.
Antidecálogo: Verdadero. El propio enunciado de Cultura se contradice. Una cosa es usar un contenido y otra plagiar. El plagio es perseguible dentro y fuera de Internet. La cita, no. Respecto a la copia, en España se paga un canon por todo aparato o servicio que es susceptible de copiar o grabar (DVD, mp3, móviles, fotocopiadora, memorias flash y usb, etcétera) contenidos protegidos. El importe de ese canon digital (118 millones de euros este año) se reparte entre los autores y creadores.
5.- Cuando intercambio música y contenidos a través de programas peer to peer (P2P), no necesito autorización
Cultura: ¡Falso! La utilización de estos programas supone la explotación de derechos de propiedad intelectual que no han sido autorizados, por lo que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Antidecálogo:¡Verdadero!. En España, no hay ningún fallo judicial que diga que el p2p necesita autorización. Al contrario, una sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de septiembre absolvió a los promotores de Sharemula, una página web de enlaces, señalando que enlazar a las redes de p2p «no supone vulneración de los derechos de propiedad intelectual».
6.- Los intercambios de archivos a través de las redes P2P son legales
Cultura: ¡Falso! Si estos intercambios tienen lugar sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, son actos ilegales.
Antidecálogo: ¡Verdadero! Además de lo dicho en el punto cinco, la doctrina de la Fiscalía General del Estado (circular de mayo de 2006) señala que el intercambio de archivos través del sistema p2p no es incriminable penalmente. Es cierto que la Fiscalía señala que pueden constituir un ilícito civil, pero tampoco ha habido un fallo judicial en vía civil contra internautas que hayan usado el p2p sin ánimo de lucro.
7.- Las redes P2P son seguras
Cultura: ¡Falso! La seguridad es un grave problema ya que damos entrada a nuestro ordenador a todos aquellos que estén conectados a ella. Cualquiera puede circular libremente y acceder a nuestros datos: IP, tipo de descargas que estamos haciendo, número de teléfono y otra información de seguridad que figure en el ordenador.
Antidecálogo: ¡Verdadero! Las redes p2p son tan seguras como lo quiera el usuario, que puede decidir libremente los contenidos que comparte de su ordenador y filtrar mediante antivirus los contenidos que se descarga. Es curioso que Cultura denuncie esta falta de seguridad cuando quiere implantar un modelo de control de las descargas como el francés por el que una autoridad extrajudicial tendría acceso a todos esos datos de nuestro ordenador.
8. La industria cultural y los artistas ya ganan suficiente así que no perjudico a nadie si no pago
Cultura: ¡Falso! Los autores, los artistas y las industrias de contenidos de propiedad intelectual tienen el derecho legítimo a ganar dinero, triunfar y tener una carrera exitosa, como ocurre en cualquier sector profesional. No se justifica que a este sector se le discrimine y se cuestione su derecho a ser retribuido.
Antidecálogo: ¡Verdadero! La industria cultural como todas debe adaptarse a los nuevos tiempos y a los cambios tecnológicos. Con los mismos argumentos, los linotipistas estarían autorizados a pedir la prohibición de la informática. En contra de lo que dice Cultura, es la propia industria audiovisual la que exige una discriminación positiva (subvenciones, prohibición del P2P, canon digital, etcétera) de la que no goza ningún otro sector productivo.
9.- Las descargas ilegales promocionan a los artistas y a los autores, que ven difundidos sus trabajos y se dan a conocer sin necesidad de la industria
Cultura: ¡Falso! Detrás de los autores y los artistas hay una industria que les da trabajo, los da a conocer e invierte en ellos.
Antidecálogo: ¡Verdadero! Ningún artista famosos se ha arruinado por las descargas ni siquiera los que como Prince han tratado de perseguirlas (pidió una indemnización a una madre que le puso una canción suya a su bebé). En cuanto a los modestos, Internet ha dado la posibilidad a cientos de grupos, entre ellos algunos tan famosos como Arctic Monkeys, de acceder al público, sin tener que pasar por el filtro de las discográficas que decidían hasta ahora quién publicaba y quién no.
10.- El acceso a los productos culturales tiene que ser gratis y eso es lo que consiguen las redes P2P
Cultura: ¡Falso! Las infracciones de derechos de propiedad intelectual realizadas a través de Internet (descargas ilegales) no pueden confundirse con el derecho de acceso a la cultura, una forma de libertad de expresión o de desobediencia civil legítima, ni tampoco como algo inevitable e intrínseco a la Red.
Antidecálogo:¡Verdadero! Las redes P2P democratizan el acceso a los contenidos culturales permitiendo disfrutar de obras que no se comercializan por falta de rentabilidad o porque están descatalogadas. La industria debe encontrar nuevas formas de rentabilizar sus activos. iTunes, Amazon y otras plataformas de pago ya han demostrado que se puede hacer.
Fuente: ElPais.com
En una entrevista con Efe, el máximo responsable de la Agencia Española de Protección de Datos subrayó que los ciudadanos saben los peligros que conlleva el intercambio de información, sobre todo cuando utilizan las nuevas tecnologías como internet.
«Intuyen que dejan rastro y que sus datos personales van a ser conservados, pero no son tan conocedores del alcance de esos rastros y de que pueden ejercer determinados derechos para cancelar esa información», aseveró Artemi Rallo.
Apeló, frente a ese «desconocimiento» que todavía puede existir, a la necesidad de que la industria y los suministradores de servicios a través de internet «minimicen los riesgos asociados a ese desconocimiento», y advirtió de la especial vulnerabilidad de los jóvenes en ese sentido.
Según el director de la Agencia de Protección de Datos, las principales amenazas han cambiado durante los últimos años, y en la actualidad uno de los mayores peligros se centra en la publicidad transmitida a través de medios tecnológicos, sobre todo por el teléfono móvil, y la difusión de imágenes por internet.
Apostó en ese sentido por que el sistema educativo forme a los alumnos sobre el derecho constitucional a la protección de los datos personales, y por que la formación en las aulas sobre la utilización de las modernas tecnologías incluya también nociones sobre los riesgos que éstas conllevan.
La legislación española que regula la protección de los datos personales es «especialmente estricta» y observó que la trasposición de la directiva europea sobre esta materia ha sido muy desigual, «pero España diseñó un modelo en el que prima la garantía efectiva del derecho de los ciudadanos».
Precisó que eso implica que cada denuncia que interpone un ciudadano «se estudia y se investiga y puede dar lugar a la sanción correspondiente».
Destacó en ese sentido la importancia de las sanciones y de las multas que la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto durante los últimos años: 20 millones euros en 2005, 25 millones en 2006 y cerca de 20 millones en 2007, cantidades muy superiores a las de los países europeos del entorno.
Rallo precisó que eso se debe a que otros países no responden al mismo modelo «y apelan más a la prevención y a la pedagogía» para tratar de garantizar la protección de los datos.
Fuente: EFE
Me encuentro en el ABC un artículo de Javier Cremades, titulado “El reto de Google“, en el que denuncia la actitud del buscador con respecto al contenido de terceros y lo define, en cita textual, como “un claro caso de aprovechamiento del esfuerzo ajeno”. La actitud de Javier Cremades ante Google la conozco desde hace ya mucho tiempo, y la defino como de querer revolver el río para provocar así la ganancia del pescador; en este caso, la del propio Javier Cremades. Hace tiempo que el propio Javier me consultó con respecto a una posible demanda a Google en este sentido, consulta a la que respondí que no tenía ni pies ni cabeza, y que era conceptualmente errónea. Cuando más adelante me preguntó si estaría dispuesto a acudir a un juicio como perito, le respondí que sí, pero que en caso de ir, defendería las tesis de la parte contraria, lo cual seguramente no era lo que él estaba buscando. Y finalmente, cuando hablando con uno de los grupos editoriales con los que tengo contacto habitual, salió en la conversación la posible demanda de la Asociación de Diarios Españoles, AEDE, contra Google News, la respuesta fue inequívoca: “esa demanda no nos interesa, al único que le interesaba era al abogado que pretendía llevarla”. Ahora, tras ver casos como el de Viacom en Estados Unidos o el de Telecinco en España, Javier Cremades vuelve a intentar revolver el río, a ver si con ello consigue aprovecharse de sus artes como pescador.
Teje Javier Cremades su razonamiento con una serie de importantes e interesados agujeros conceptuales: pretende que en todo momento veamos a Google como un proveedor de contenidos, cuando la rigurosa verdad es que Google no lo es, o lo es sólo en casos excepcionales. Lo que hace Google es, como reza su misión corporativa, “organizar información proveniente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal”: Google indexa la información, y permite que, ante la enorme profusión de la misma, los usuarios puedan encontrarla mediante criterios de relevancia. Parece ser que además, hace esto mejor que ningún otro, lo que propicia que hoy hablemos en la red de un A.G. y un D.G., un antes y después de Google. Antes de Google había otros buscadores, pero ya casi ni los recordamos: eran mucho más lentos, tenían páginas más incómodas y recargadas, y sobre todo, devolvían resultados mucho menos relevantes. Google cambió todo esto, y los usuarios acudieron en legión. Si mañana alguien inventa una manera mejor para ser más relevante, o los usuarios simplemente quieren irse a otro sitio porque no se encuentran cómodos en Google, pueden hacerlo. La salida está a solo un clic de distancia.
Omite interesadamente Javier Cremades que el que la información de una página aparezca indexada en las búsquedas de Google es algo completamente voluntario. Un simple comando “DISALLOW” en el fichero ROBOTS.TXT provoca automáticamente que la arañita del buscador deje de indexar tu página, sin que tengas ni siquiera que pedírselo. Si quieres tener una página que no aparezca en Google, es tan sencillo como eso. Si quieres quedarte fuera, si te parece que Google se aprovecha de tu trabajo, dale a la araña con la puerta en las narices. Así de sencillo. En el caso de Google News, la pertenencia al servicio como proveedor de información es asimismo completamente voluntaria. ¿Por qué, entonces, no se dan de baja aquellos que piensan que Google se aprovecha de su trabajo? Porque simplemente, no es así. Google no reproduce más que un pequeño extracto de la información (utilizando el derecho de cita, pero permitiendo al medio, repetimos, excluirse si no desea ser citado), la indexa adecuadamente, y devuelve, en intercambio, en el caso de España, nada menos que entre un 40% y un 60% de las visitas que una página media recibe. Si te quieres salir del sistema, hazlo… perderás entre un 40% y un 60% de tu tráfico, pero allá tú, de suicidas está el mundo lleno. En el fondo, Google es como un autobús: recorre la web, se llena de interesados en tu contenido, se para en tu puerta y los deja salir. ¿Intentarías cobrarle una comisión al conductor del autobús por permitirle detenerse ante tu puerta? No, todo lo contrario, a no ser que estés tan imbuido de soberbia que te creas el centro del mundo. Ah, pero es que durante el viaje, el conductor del autobús añade su publicidad, con criterios de utilidad para el viajero, y así, con ese sistema tan sencillo consistente en generar atención, segmentarla adecuadamente y revenderla a los anunciantes, ha conseguido convertirse en una de las empresas más valoradas del mundo. Ahora, entonces, vienen algunos y pretenden llevarse una parte de lo que Google genera: como ellos no lo supieron ni lo saben hacer, pretenden aprovecharse de lo que Google sí sabe hacer, y pretenden llevarse una comisión a cambio de “dejarse indexar”. ¿Quién decíamos que pretendía aprovecharse del trabajo ajeno? Es curioso, ¿no?: en unos pocos párrafos, ya le hemos dado completamente la vuelta al débil argumento de Javier Cremades en su artículo de ABC. Y es que la hipotética demanda por la que Javier Cremades suspira, como diría Groucho Marx, no tiene nada que ver con ser prostituta o dejar de serlo, sino únicamente con discutir el precio.
Pero llevemos el tema un poco más allá: si no quieres Google, eres libre de prescindir de sus servicios. En ese caso, perderías mucho de tu tráfico y, posiblemente más importante, gran cantidad de tu influencia: desaparecerías de la vista de millones de usuarios de Internet. Tu medio caería en la zona que nadie ve del “quiosco digital”. Que le pregunten a El País como le fue en la temporada en la que torpemente decidió cerrar su web: el peor resultado no fue el hecho de montar un negocio ruinoso, sino el de desaparecer de Google. El periódico perdió gran parte de su valor como referencia en la prensa digital española, algo que aún hoy en día lucha por recuperar. Únicamente en el caso de que todos los periódicos consiguieran ponerse de acuerdo para autoexcluirse voluntariamente de Google, podría éste tener un problema: sus resultados correrían el riesgo de dejar de ser relevantes para el usuario, y éste podría pensar en irse a otro buscador que le entregase resultados “completos”, periódicos incluídos. Sin embargo, la posibilidad de que esto ocurra es remota: ni los mismos periódicos se ponen de acuerdo, ni tienen posiciones homogéneas, y menos aún si introducimos en la ecuación a otros medios como los gratuitos, los portales, o los blogs y nanomedios. En resumen: la protesta de Javier Cremades, como le dije a él mismo en su momento en persona, no tiene ni pies ni cabeza, no se sostiene, y sólo beneficiaría, en caso de producirse, al que siempre cobra, en dinero y en atención, sea cual sea el resultado de la misma: al abogado.
DISCLAIMERS: Pertenezco al Consejo Asesor de Cremades & Calvo Sotelo, un consejo en el que, como el propio Javier me dijo en su momento, no tengo obligación alguna de defender las mismas posiciones que el despacho, y en el que parte de mi valor está representado por la capacidad de aportar opiniones que en muchos casos son diferentes o disonantes con respecto a las sostenidas por otros miembros. La posición como miembro del Consejo Asesor no es remunerada. Con Google, aparte de haber dado clase a varios de sus empleados en diversas partes del mundo, de tener muy buenos amigos entre sus cuadros directivos, y de haber tenido un cierto papel en sugerir la concesión del MBA Honoris Causa por el Instituto de Empresa a sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, en Septiembre de 2003, no me une relación alguna.
Fuente: El Blog de Wnrique Dans
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