Las Administraciones Públicas españolas podrían reducir sus gastos entre un 27 y un 32 por ciento si utilizasen todo el potencial de Internet y las nuevas tecnologías, según un estudio que está preparando la fundación del PSOE, IDEAS, y que se dará a conocer después del verano.
Este dato lo adelantó hoy el director de IDEAS, Carlos Mulas, durante el acto ‘Gobierno abierto, transparencia y participación’, en el que se puso como ejemplo el proyecto del Gobierno vasco ‘Irekia’ que permite a los ciudadanos acceder a información, enviar propuestas y hacer trámites con la administración autonómica.
Mulas precisó que este ahorro de gastos, que oscilaría ligeramente en función del ritmo de aplicación de las nuevas tecnologías, se lograría principalmente informatizando procesos y, al mismo tiempo, coordinando las distintas administraciones –con iniciativas como el expediente sanitario único para toda España– y, por otro lado, usando Internet para mejorar la interacción con los ciudadanos, lo que agilizaría los procesos legislativos.
Por su parte, la secretaria de Innovación del PSOE, María González, subrayó que la puesta en marcha del gobierno electrónico «abierto» requiere una inversión económica pequeña pero «muy rentable en materia ciudadana y de eficiencia». A su juicio, hay que aprovechar la actual crisis para promover un «cambio de mentalidad» para hacer una administración «abierta» a la participación de los ciudadanos.
Además, los responsables socialistas destacaron que una administración transparente y que da acceso a la información pública «dinamiza» la economía porque allana el camino y da oportunidades de negocio a la empresa privada.
En la clausura del acto, el ex ministro y vicepresidente ejecutivo de IDEAS, Jesús Caldera, destacó el potencial de Internet para «controlar» a los gobiernos durante los más de 1.400 días que separan unas elecciones de otras y avisó además que, en un «contexto de crisis y de austeridad» como el actual, el control y la transparencia del gasto público cobran «especial relevancia» para los ciudadanos.
Para Caldera, el derecho a acceder a la información pública es «esencial» en las sociedades democráticas, y también para «luchar contra la corrupción» y lograr «eficiencia en los recursos económicos». «Necesitamos que los gobiernos de todo tipo sean más transparentes y que acepten y sean permeables a las demandas de los ciudadanos», añadió.
En este sentido, González confió en que el Gobierno apruebe de manera «inminente» su llamada Ley de Transparencia y en que ésta sea una «ley valiente» que dé amplio acceso a la información de todas las administraciones.
No obstante, la directora de Irekia, Nagore de los Ríos, subrayó que esta ley será un «apoyo» a las administraciones públicas, pero que su retraso «no es una disculpa» para que las administraciones no vayan avanzando en transparencia. Es más, advirtió de que, incluso cuando la ley esté lista, algunas administraciones «no lo van a estar».
«La ley es imprescindible, pero también hace falta voluntad y tejer complicidades», resumió González.
«Para el ‘gobierno abierto, el acceso a la información tendría que estar superado, hablamos de ir un paso más allá: partiendo de la información, lograr participación y colaboración», añadió.
Fuente: Yahoo Noticias
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